Los despojos ilegales de propiedades en el Estado de México han alcanzado niveles alarmantes debido a la colusión entre grupos criminales y servidores públicos corruptos. Este problema se ha intensificado en municipios como Ecatepec, Tlalnepantla, Naucalpan, Los Reyes La Paz y Chalco, donde se estima que operan al menos 24 organizaciones dedicadas al robo sistemático de propiedades mediante tácticas que van desde invasiones violentas hasta fraudes documentales.
Mecanismos del despojo
Las bandas criminales emplean varios métodos para despojar de sus propiedades a los legítimos dueños:
- Documentación apócrifa: Falsifican escrituras notariales o credenciales electorales para simular derechos legales sobre inmuebles vacíos o habitados.
- Colusión institucional: Acceden a bases de datos oficiales para identificar propiedades vulnerables por rezagos fiscales o ausencia hereditaria.
- Violencia selectiva: Amenazan físicamente a dueños legítimos, principalmente adultos mayores, utilizando tácticas como ocupaciones sorpresivas durante viajes o hospitalizaciones.
Participación criminal e institucional
Las investigaciones han revelado una compleja red de colaboración entre elementos criminales e institucionales:
- Redes jerárquicas: Operadores logísticos obtienen información confidencial desde áreas gubernamentales, como el Instituto Registral.
- Corrupción judicial: Jueces locales emiten fallos favorables usando pruebas falsificadas; algunos funcionarios judiciales han sido encarcelados por su implicación.
- Cárteles inmobiliarios: Organizaciones como el “22 de Octubre” combinan extorsión con el control territorial mientras diversifican sus ingresos mediante la renta ilegal.
Impacto económico
El impacto económico de estos despojos es significativo:
- Más del 70% de los casos afectan a adultos mayores sin redes familiares cercanas.
- Las pérdidas acumuladas superan los $29 mil millones de pesos entre derechohabientes del Infonavit.
- Se estima que cada año se pierden aproximadamente $5 mil millones adicionales en litigios prolongados.
Respuesta legal e institucional
A pesar de avances normativos:
- El artículo 395 del Código Penal Federal prevé hasta 9 años de prisión por despojo agravado.
- En el Estado de México, las multas pueden llegar a 125 días de salario mínimo.
No obstante, los desafíos persisten:
- Solo 28 denuncias se han presentado ante la FGR hasta marzo de 2025.
- La lentitud procesal es evidente con más de 3380 carpetas de investigación pendientes.
Un caso emblemático es el de Carlota “N”, quien enfrenta cargos por homicidio tras defender su hogar de invasores en Valle de Chalco, reflejando la desesperación de las víctimas ante la inoperancia gubernamental.
En síntesis, la crisis de seguridad patrimonial en el Estado de México es multifactorial y requiere combatir no solo la criminalidad organizada, sino también los vacíos institucionales que facilitan su operatividad. La implementación de módulos QR para validar documentos es un paso positivo, aunque aún insuficiente ante la magnitud del problema.
