En el Estado de México, grupos de gaseros y piperos han levantado la voz en contra de la corrupción y las prácticas clandestinas en el sector de gas LP, una situación que aseguran pone en riesgo tanto su integridad como sus empleos. En el centro de la controversia se encuentra Adrián Hernández Romero, el coordinador estatal de Protección Civil y Gestión Integral del Riesgo, cuya destitución es exigida por los afectados.
La corrupción y el peligro en las calles
Los gaseros denuncian la existencia de más de 300 gaseras clandestinas operando en la región oriente del estado. Señalan que estas instalaciones ilegales no solo representan un peligro inminente debido a la falta de regulaciones, sino que también han fomentado la competencia desleal al no pagar los mismos impuestos ni cumplir con las normativas de seguridad.
Exigen acción y transparencia
Las demandas de los gaseros incluyen el cese de Hernández Romero, a quien acusan de permitir, consciente o inconscientemente, la proliferación de estas actividades ilegales. “La corrupción dentro de Protección Civil ha permitido que estas mafias del gascipado sigan operando”, aseguran los manifestantes, quienes solicitan la intervención directa de la gobernadora Delfina Gómez.
Manifestaciones y amenazas de futuros bloqueos
Las acciones de protesta han escalado en intensidad, con manifestaciones realizadas frente a las oficinas de la Secretaría de Energía y bloqueos en vías clave que conectan el Estado de México con la Ciudad de México. Pese a estos esfuerzos, las autoridades no han ofrecido una solución concreta, lo que ha llevado a los gaseros a anunciar más movilizaciones si sus demandas no son atendidas.
Repercusiones en la seguridad estatal
El problema no solo afecta a los gaseros, sino que también resalta las deficiencias en la infraestructura de seguridad en el Estado de México. En recientes eventos, como los incendios en lugares no regulados, las autoridades han iniciado clausuras de puntos peligrosos, pero los afectados notan que dichas acciones son insuficientes.
La situación refleja un desafío más amplio al que se enfrenta el estado, el cual se encuentra inmerso en múltiples crisis de seguridad y orden, mientras sus ciudadanos continúan exigiendo transparencia, justicia, y un entorno seguro para trabajar y vivir.
