En un golpe frontal contra la invasión y despojo de propiedades en el Estado de México, autoridades estatales y federales desplegaron un amplio operativo, logrando asegurar 75 inmuebles irregulares y detener a 21 personas presuntamente vinculadas con estos delitos. El operativo, parte de la Estrategia para la Restitución de la Propiedad impulsada por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México en coordinación con la SEDENA, Marina, Guardia Nacional, Seguridad estatal y policías municipales, busca frenar redes delictivas y complicidades de servidores públicos en este ilícito.
Acciones coordinadas en 25 municipios
El despliegue, denominado “Operación Restitución”, tuvo lugar el 16 de mayo de manera simultánea en 25 municipios, incluyendo La Paz, Ecatepec, Tlalnepantla, Toluca y Valle de Chalco. Como resultado, fueron aseguradas 60 casas habitación, siete terrenos, siete naves industriales o bodegas y un local comercial. Entre los bienes confiscados también se encontraron presuntos narcóticos (metanfetamina y marihuana), armas de fuego, equipos electrónicos y dinero en efectivo por más de 270,000 pesos.
Recuperaciones nn los Reyes La Paz
En el municipio de Los Reyes La Paz, específicamente en la comunidad de San José de Las Palmas, se recuperaron tres predios que estaban ocupados ilegalmente. Los ocupantes, en muchos casos, habían sido víctimas de fraudes al haber alquilado o comprado propiedades a personas que no eran los legítimos dueños. El desalojo se realizó de manera pacífica y sin enfrentamientos graves, con la participación de la Marina, Policía Estatal, Policía Municipal y personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México.
Detenidos y posibles vínculos sindicales
En el operativo fueron arrestados 14 hombres y siete mujeres, acusados de portación de arma, resistencia, despojo y uso indebido de títulos de portador. La investigación apunta a una posible conexión de los detenidos con organizaciones sociales autodenominadas sindicatos (como ‘los 300’, ‘UPREZ autónoma’, ‘USON’, y ‘22 de octubre’), quienes estarían detrás de la ocupación ilegal de estos inmuebles.
Enfoque especial en víctimas vulnerables
Las autoridades han priorizado la restitución de inmuebles a víctimas en condición vulnerable. Casos destacados incluyen la recuperación de una casa en Naucalpan para una mujer de 102 años y la devolución de propiedades en Ecatepec a adultos mayores, incluso aquellas ocupadas y convertidas en giros comerciales ilegales, como una gasera clandestina.
Modus operandi: de sindicatos ficticios a desmantelamiento de bodegas
El patrón detectado revela que grupos armados o sindicales ingresaban a las propiedades bajo el pretexto de trabajos o representación laboral, posteriormente desplazando a los propietarios y llegando al saqueo de instalaciones para vender los materiales como desperdicio. En municipios como Texcoco y Huixquilucan también se hallaron propiedades invadidas y utilizadas para actividades ilícitas, incluyendo explotación ilegal de recursos naturales.
Investigación continúa y garantías legales
La Fiscalía mexiquense ha recuperado 268 propiedades denunciadas por despojo entre abril y mayo en 31 municipios, una cifra que evidencia el alcance del problema y la respuesta gubernamental. Los inmuebles asegurados se mantienen bajo investigación y serán devueltos a sus legítimos dueños tras las diligencias legales, y los detenidos serán considerados inocentes hasta que un juez dicte sentencia.
Reflejo de una problemática regional
Este tipo de acciones no es exclusivo del Estado de México. En Latinoamérica, conflictos por invasión de predios y desarrollos irregulares suelen escalar, derivando en enfrentamientos y operativos coordinados por distintas instancias gubernamentales. Las denuncias de complicidad de autoridades, resistencia social y uso de la fuerza pública son patrones que se repiten en escenarios similares.
La Fiscalía del Estado de México reitera su compromiso de impulsar operativos multidisciplinarios y devolver la tranquilidad a quienes han sido víctimas de despojo, garantizando que los procedimientos legales respeten los derechos humanos de todos los involucrados.
