Toluca, Estado de México – En el foro “Planes Municipales de Desarrollo Urbano”, legisladores y autoridades del Estado de México reiteraron la importancia de actualizar los planes de desarrollo urbano municipales para encauzar el crecimiento económico y asegurar un desarrollo sostenible. En la actualidad, solo nueve municipios han concluido este proceso en la administración vigente.
Desafíos en la planeación urbana
El diputado Héctor Karim Carvallo Delfín destacó que muchos municipios llevan más de cinco años sin actualizar estos planes, situación que afecta negativamente la capacidad de respuesta a las necesidades urbanísticas. Asimismo, Gerardo Pliego Santana mencionó que con un 85% de la población viviendo en zonas urbanas, es crucial definir un enfoque económico que promueva el crecimiento local.
Acciones para impulsar el cambio
Durante el evento, se informó de los objetivos de la Secretaría de Desarrollo Urbano en colaboración con la Comisión Estatal para impulsar la capacitación de funcionarios y la revisión de normativas municipales. Además, el Congreso local exhortó a los municipios a efectuar estos cambios antes de mediados de 2025, alineándolos con el Plan Estatal.
Situación actual y planes en proceso
De acuerdo con datos recientes, solo nueve municipios han actualizado sus planes hasta marzo de 2025, mientras que 11 planes adicionales están en preparación para lidiar con el caos urbano en zonas metropolitanas como Valle de México y Toluca. La directora de Planeación Urbana, María Columba Ruíz Palacios, subrayó la necesidad de resolver conflictos territoriales que impiden a algunos municipios modernizar sus normativas.
Aspectos técnicos y financiamiento
Los planes deben basarse en la participación ciudadana y en alineación con el contexto actual. Se requiere que los municipios integren estudios hidrológicos y análisis demográficos, apoyados por financiamientos del FAISMUN que destinará significativos recursos para obras urbanas hasta 2025.
El camino hacia una planeación integral
Implementar estas actualizaciones enfrenta varios retos, desde la baja capacidad técnica en gobiernos locales hasta presupuestos ajustados para estudios especializados. Aun así, el objetivo estatal es reducir las irregularidades catastrales un 40% antes de que termine el año, mediante una gestión integral y con perspectiva social.
